Críticas a Soria por ocultar el informe que justificaba el recorte a renovables

Críticas a Soria por ocultar el informe que justificaba el recorte a renovables

La oposición cargó ayer contra el ministro de Industria, José Manuel Soria, por ocultar el informe encargado a una consultora independiente para fijar el recorte a las renovables y que finalmente no fue utilizado. ICV exigió su dimisión ya que lleva reclamando sin éxito ese dictamen más de año y medio en el Congreso y el PSOE pidió una comparecencia parlamentaria. Industria quitó importancia al dictamen, que recibió de la consultora Roland Berger después de haber aprobado el recorte de unos 3.000 millones al año. Pero el baile de fechas da un arma a los inversores frente al Estado. Los afectados por el recorte argumentarán en España y en los arbitrajes internacionales que este es un nuevo recorte retroactivo fijado unilateralmente por Industria y no como se anunció por consultoras independientes que garantizaban una rentabilidad razonable a los proyectos de energía limpia.

Tras meses ocultando el informe en un cajón, el recorte a las renovables de 2014 le ha estallado de al ministerio. El Supremo le obligó a enviarlo a las centenares de empresas y asociaciones que han recurrido el recorte y estos descubrieron el jueves con sorpresa que uno de los dos informes, el encargado a Boston Consulting Group, ni existía. Además, supieron por primera vez que el otro, de Roland Berger, es de octubre de 2014, cuatro meses después de aprobado el recorte.

Los plazos incumplen el pliego de contratación que en julio 2013 lanzó sin publicidad el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), y al que ha tenido acceso este diario. Ese documento justifica la “imperiosa urgencia” de la tramitación en que “durante 2012 se abonaron alrededor de 8.500 millones de euros en concepto de primas equivalentes a la generación de electricidad en régimen especial (unos 6.200 millones de euros a la generación con renovables y algo más de 2.300 millones de euros a la cogeneración y tratamiento de residuos)”.

El objetivo era la “contratación, preservando una absoluta confidencialidad, de consultoras independientes de contrastada solvencia y reconocido prestigio, para la realización de un estudio que valore y establezca los estándares de costes de inversión y operación de las tecnologías de generación de electricidad que operan en régimen especial en España”.

Allí se señala que “el plazo de ejecución de los trabajos, con entrega del Informe final, será de seis semanas desde la firma del contrato. Desde la recepción del Informe final, el IDAE dispondrá de dos meses para solicitar mejoras de sus informes a las adjudicatarias, las que a su vez dispondrán de un plazo de dos semanas para incorporarlas”.

El documento justifica la urgencia: “Ante la inminente aprobación de la reforma que afecta a este régimen, el Ministerio desea contrastar las hipótesis elaboradas por el IDAE, dada la enorme repercusión económica y social que tendrá esta regulación”. Finalmente añade que el “trabajo que deberá haberse realizado antes de la aprobación del nuevo régimen regulador”.

Sin embargo, Roland Berger, que el viernes no quiso comentar su informe, entregó su dictamen en octubre de 2014, más de un año después y cuatro meses después de que estuviera aprobado el recorte.

Aun así, Industria aceptó el documento y lo pagó (el precio ronda los 300.000 euros por informe). El otro, el de Boston Consulting Group, nunca llegó a terminarse, según Industria por “los incumplimientos” de la empresa.

El ministerio restó importancia a estos informes contratados y añadió que ha sido el IDAE el responsable de fijar el recorte para 65.000 instalaciones renovables. “Los estándares de renovables se han elaborado exclusivamente por los servicios del Ministerio en particular el IDAE. No se ha encargado a ninguna empresa externa la elaboración de los mismos”, afirmó un portavoz en un correo electrónico y que se negó a contestar preguntas sobre el tema.

Las asociaciones de renovables están convencidas de haber encontrado una brecha contra el Gobierno. Para la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier), esta información demuestra que “la justificación que daba el ministerio era mentira”. Subraya que cuando se aprobó la reforma eléctrica, en julio de 2013, ya existía una previsión de recorte de retribución renovable, mucho antes de que se elaboraran los informes, lo que demuestra que "esto no es más que un trampantojo".

El director general de la patronal fotovoltaica Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, indicó a Efe que "los jueces tendrá que ver la arbitrariedad del Gobierno y el mal uso de la discrecionalidad" en las normas en esta cuestión. En su opinión, la falta de informes "pone en evidencia al Gobierno" porque "en su día el ministro (de Industria, José Manuel Soria) dijo para justificar la contratación de los informes el dar transparencia al proceso". Ahora, en cambio "se ha visto (...) que ni transparencia ni objetividad".

Fuentes del sector destacan que es en los arbitrajes internacionales donde más puede pesar que ha sido el Gobierno directamente, y no una consultora independiente, la que ha fijado cuál es la rentabilidad razonable de las instalaciones.

La oposición se sumó a la crítica. El PSOE registró una solicitud de comparecencia del ministro de Industria para que explique "los motivos por los que se aprobó el mayor recorte de la historia de las energías renovables" sin los informes en los que se apoyaba.

ICV pidió la dimisión de Soria, al considerar que "es muy grave (...) que el informe sea posterior demuestra la cruzada que mantiene el Gobierno contra las energías renovables para mantener los privilegios del lobby nuclear". La diputada Laia Ortiz pidió en julio de 2014 estos informes y no ha recibido respuesta de Industria, por lo que ya pidió amparo a la Cámara.