Andorra intenta blanquear su imagen

Andorra intenta blanquear su imagen

El nuevo revés que sufrió la imagen de la banca andorrana y, sobre todo, la amenaza de una reacción brusca de los mercados ha hecho reaccionar este miércoles a las autoridades del país. La amenaza del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de adoptar medidas drásticas contra la Banca Privada d'Andorra (BPA), a la que acusa de favorecer el blanqueo de capitales procedentes de actividades criminales, obligó al Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) a abrir un expediente sancionador contra la entidad y a designar a dos interventoras para que investiguen los hechos denunciados. A pesar de las acusaciones que la unidad anticorrupción del Tesoro vertió sobre “altos ejecutivos” del banco de aceptar sobornos, el supervisor del país pirenaico decidió mantener al Consejo de Administración y a la cúpula de BPA, propiedad de la familia Cierco. Aun así, el Gobierno no descarta dar nuevos pasos si el equipo de inspectores al que ha encargado rastrear los movimientos del banco destapa las irregularidades que señala el Tesoro de EE UU.

Tras el anuncio de la intervención de BPA por parte del jefe del Ejecutivo en funciones, Antoni Martí, el pasado martes, este miércoles las autoridades andorranas se esmeraron en transmitir una imagen de normalidad. Delante de la sede central de BPA apenas aguardaba una docena de clientes para exigir explicaciones y, en el peor de los casos, sus depósitos. No hubo apenas ruido ya en toda la mañana, aunque estos no fueron los únicos ciudadanos que acudieron a retirar sus ahorros o inversiones ante la que ha sido la primera intervención de una entidad bancaria en el país. El Ministro de Finanzas, Jordi Cinca, por la tarde admitía que en BPA se había retirado “entre un 50% y un 60% más” que un día habitual en efectivo. “No llegaríamos a los cuatro o cinco millones de euros. No son cifras alarmantes”, sostuvo Cinca, quien recalcó que el ambiente en los cuatro bancos restantes era de “completa normalidad”.

Si bien las autoridades financieras andorranas pararon el primer golpe, este miércoles cundía la preocupación en el sector. Para empezar, por la gravedad de los hechos de los que se acusa a BPA. La entidad ha recibido un ultimátum del Tesoro estadounidense, que podría impedir que siguiera operando con bancos norteamericanos, al considerarla una “preocupación de primer orden” por cuatro casos de presunto blanqueo de capitales procedente del crimen organizado. El primero tiene que ver con Andrei Petrov, detenido en España en 2013 en una causa en la que está imputado el diputado de CiU Xavier Crespo; el segundo, con el empresario chino Gao Ping, presunto cabecilla del caso Emperador y al que el Tesoro estadounidense acusa de blanquear capitales para una organización que se dedica, entre otras cosas, al tráfico de seres humanos; y el tercero está relacionado con un supuesto desvío de fondos de la compañía estatal Petróleos de Venezuela. Hay un cuarto expediente, desconocido hasta ahora, que relaciona a la entidad con el cartel mexicano de Sinaloa por haber facilitado la transferencia, según el Tesoro, de “grandes cantidades” de dinero procedentes del narcotráfico en Estados Unidos. El informe señala que en todos estos casos estarían involucrados ejecutivos de la entidad. La aparición de la presunta derivada en México y la implicación de directivos andorranos han motivado que la fiscalía haya abierto diligencias esta semana.

La directora del INAF, Maria Cosan, expresó el otro gran asunto que preocupa a la banca andorrana: la “reputación”. Tras el caso Pujol, el sistema financiero del país ve con preocupación cómo su imagen se degrada. En especial en España y Francia, de donde surgieron las principales presiones en 2011 para que dejara atrás su estatus de paraíso fiscal para emprender un amplio paquete de reformas estructurales y con los que ha firmado los primeros tratados para evitar la doble imposición que penalizaba sus flujos comerciales e inversores.

En los dos últimos días el Gobierno andorrano ha mantenido varias reuniones con la Asociación de Bancos Andorranos, en la que están presentes los representantes de las cinco entidades del país. El sector financiero representa todavía hoy el 18% del Producto Interior Bruto (PIB) de un país cuyas principales actividades son el turismo y el comercio. “Hay que ser muy cuidadoso. Tenemos solo cinco bancos, que están asociados a un nombre, el de Andorra. Si uno de ellos tiene dificultades puede contaminar a los otros”, advirtió Cinca. Ese temor al contagio hizo precisamente que los responsables de los cuatro bancos restantes iniciaran una ofensiva con sus clientes, inversores y entidades a las que prestan servicios y corresponsales. El mensaje era claro, según fuentes financieras: las investigaciones se limitaban a solo una entidad, cuyas prácticas no podían ser generalizadas.

El ministro de Finanzas admite retiradas de efectivo “no alarmantes”

Fue la directora del supervisor, sin embargo, quien más énfasis puso en la defensa del sistema financiero. “La plaza financiera andorrana tiene altos ratios de solvencia y liquidez en comparación con otros países. La reputación y el buen nombre de esa plaza han exigido tomar medidas”, resaltó Cosan. Sin embargo, el plan por ahora no ha pasado por apartar al consejo y a la actual cúpula directiva. Ni siquiera por el hecho de que el informe del Tesoro norteamericano señala a la sede central de Andorra la Vella y a “ejecutivos de alto nivel”. Es más, Cosan puntualizó que se trata de una “intervención y no una sustitución de los administradores”. Para justificarlo, defendió que el documento era “poco preciso” al no proporcionar nombres concretos de directivos involucrados en las prácticas delictivas denunciadas. “No indican de qué ejecutivos se trata. A high level manager? Who is that? No podemos anticiparnos hasta que no tengamos información”, mantuvo.

El Departamento del Tesoro ha dado un plazo de 60 días a las partes implicadas en el proceso para formular sus alegaciones. Eso supone, advirtió la directora del INAF, que no se espera una respuesta definitiva “antes de entre 90 y 120 días” sobre las medidas que se podrían adoptar contra la entidad. Entre ellas, el Tesoro baraja impedir que BPA opere con entidades norteamericanas o tenerla sujeta a estrictos controles. “Decir a lo que se expone BPA es precipitado”, remachó. El ministro Jordi Cinca no descartó nuevas actuaciones si aparece más información.