La OCDE pide a España que acometa una reforma fiscal verde

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha pedido a España que amplíe y perfeccione "el uso de los impuestos relacionados con el medio ambiente en el marco de una reforma fiscal integral". Entre los cambios que el organismo propone está el aumento de los impuestos al gasóleo, la reestructuración del impuesto de circulación, la creación de nuevas tasas sobre la extracción de agua, los vertidos de aguas residuales o la utilización de pesticidas y fertilizantes. La OCDE recuerda que "los ingresos por impuestos ambientales han caído en España a uno los niveles más bajos de Europa, un 1,6% del PIB en 2012". La media en Europa es del 2,4% del PIB.

La sugerencia de acometer una reforma fiscal verde se incluye en el informe Evaluaciones del desempeño ambiental en España, presentado este lunes en Madrid por el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, y la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Se trata del tercer análisis de este tipo al que se somete España desde 1997. El anterior data de 2004. Según la organización, la reforma fiscal aportaría "beneficios ambientales e ingresos adicionales para reducir presión fiscal para la creación de empleo sobre todo para salarios bajos", ha indicado Gurría. Además, el organismo propone que se acometa en un momento en el que la fiscalidad verde es baja comparada con la de las rentas del trabajo.

En el informe de 2015 se resaltan los "avances" en materia medioambiental en la última década. Pero se advierte de que "a medida que la economía se recupere, es probable que aumenten las presiones sobre el medio ambiente". Para evitarlo, la OCDE considera "importante" que el Gobierno español integre "las políticas industriales y ambientales para garantizar la aplicación de un sistema de protección del medio ambiente fuerte".

El informe presentado este lunes contiene 28 recomendaciones. En el apartado fiscal, se señala que "desde 2007 han disminuido las ecotasas y ahora se sitúan entre las más bajas de la OCDE". Se sugieren algunos cambios. Por ejemplo, un aumento de los impuestos "sobre el gasóleo utilizado en transporte hasta por lo menos el mismo nivel que el de la gasolina". La OCDE apuesta también por reestructurar "el impuesto de circulación de vehículos para reflejar mejor el coste ambiental del uso del vehículo". Y pide que se incluyan nuevos impuestos "sobre el uso de los recursos y la contaminación". Se trataría de tasas sobre la extracción de agua, los vertidos de aguas residuales o la utilización de pesticidas y fertilizantes.

La OCDE solicita al Gobierno que identifique y elimine "las medidas fiscales y subsidios que son perjudiciales para el medio ambiente y económicamente ineficientes". Y resalta que dentro de esta categoría están las ayudas a "la producción de carbón nacional y la generación de electricidad con carbón". Gurría ha reconocido que algunas medidas pueden tener efectos "explosivos". "Pero el mundo se está moviendo inevitablemente hacia esa dirección", ha señalado.

En el informe se recuerda que "las emisiones de gases de efecto invernadero han ido en disminución desde 2000". Pero se añade: "No lo suficiente como para alcanzar los objetivos de reducción del protocolo de Kioto fijados para España". Para cumplir con esos compromisos, el Gobierno ha tenido que recurrir a la compra de derechos de emisiones en otros países.

Uno de los asuntos en los que el informe incide de forma reiterada es la descoordinación entre los 17 gobiernos regionales y el Estado en las políticas ambientales. También ocurre con los impuestos. Por ello, la OCDE apuesta por "fortalecer la coordinación" en materia fiscal. "El Consejo de Política Fiscal y Financiera podría ayudar en este sentido", se apunta en el texto.

El organismo internacional también pide al Gobierno que solucione el problema de las cargas burocráticas a las empresas que imponen las Administraciones. Según el informe, España es el país de los 32 miembros de la OCDE analizados donde las empresas soportan más cargas. "La complejidad de su normativa y la gestión descentralizada continúan imponiendo a las empresas una carga burocrática gravosa en materia ambiental", se indica en el informe.  

Respecto a la biodiversidad, en el informe se apunta al impacto de los recortes en la financiación. Y se apuesta por buscar "fuentes alternativas de financiación" en el sector privado.