Duro desencuentro político-financiero

Mayo de 2012 fue un mes vital para los gestores de Bankia. Lejos de aquella tensión, que supuso reflotar el banco, febrero de 2015 también será recordado por el equipo de José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, por la incertidumbre vivida y por haber sufrido la primera injerencia de la política en la gestión del banco.

Goirigolzarri esperaba que 2015 fuera el ejercicio de la “estabilidad” y de la “normalización” de la situación, como él mismo lo definió, apoyado por el reparto de dividendos. Sin embargo, los informes de los peritos del Banco de España que concluyeron que las cuentas de la entidad estaban maquilladas en su salida a Bolsa, han recordado al terremoto de otros días pasados.

La tensión entre el Ministerio de Hacienda, apoyada por la Oficina Económica de Moncloa, contra las tesis del Ministerio de Economía, impactó en Bankia.

La entidad cuenta con el apoyo del ministro Luis de Guindos (y del FROB), para minimizar el posible coste de las demandas judiciales que pueden llegar por la salida a Bolsa. Su argumento es que si Bankia provisiona mucho dinero y hunde el beneficio, será más difícil recuperar los 22.424 millones inyectados.

Sin embargo, en este año electoral, el responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro, así como los abogados del Estado (que quieren evitar problemas con la justicia si llegan demandas), no querían dar la imagen de que el Estado volvía a ayudar a Bankia ya que tiene suficiente dinero para pagar las demandas.

Para Hacienda, Bankia debería pagar todas las demandas, lo que se consideraba traspasar una línea roja en Bankia. El equipo directivo de la entidad, y algunos consejeros, trasladaron su malestar al Gobierno.

Para el Ejecutivo, Goirigolzarri se excedió al forzar que se llegara a una solución en febrero con la amenaza de que presentaría resultados incluso sin acuerdo político. Ha sido necesario negociar durante todo febrero para alcanzar un acuerdo que aparentemente salve los argumentos de ambos políticos.

Guindos aseguró que Bankia solo asumiría los primeros 250 millones de las demandas: han acabado siendo 312, pero es cierto que representan el 40% del total. El acuerdo no cubre a las demandas de los inversores institucionales, algunas ya anunciadas, que pagará Bankia. Una batalla que ha dejado huella entre la entidad pública y el Gobierno.