Absueltos dos exdirectivos de la CAM por el escándalo de las dietas

La Audiencia Nacional ha absuelto al ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y al expresidente de la comisión de control de la entidad Juan Ramón Avilés por el caso de las irregularidades en el cobro de dietas y la concesión de créditos por valor de 18,9 millones a este último. También quedan exentos de responsabilidad otros 18 miembros de la comisión de control de la CAM, que cobraron dietas a través de la sociedad participada Tenedora de Inversiones, y que eran considerados por la Fiscalía Anticorrupción partícipes a título lucrativo. Estos cobraron entre 2005 y 2011 pagos que oscilaron entre los 9.000 y los 308.700 euros que se asignó el propio Avilés.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presidida por Teresa Palacios, considera en su sentencia, de 78 folios, que la prueba practicada en el juicio no permite concluir que López Abad “ideó, planeó y contribuyó burdamente a la creación de un órgano como instrumento para la percepción de una retribución”. Según el tribunal, el proceder de López Abad “no implica comportamiento penal alguno.

La considera que “todos los préstamos, las disposiciones extraordinarias y los créditos oficiales fueron bendecidos por la entidad CAM, pasando todos los filtros internos”. A los magistrados les sorprende que se atribuya un comportamiento penal a López Abad “relegando a nula transcendencia el hecho incuestionable de que fueran otros los que votaron favorablemente” a las dietas y los créditos.

“Es aún más clara la ausencia de conducta delictiva por parte del acusado dado que en el seno de dicho órgano [la comisión de control de Tenedora de Inversiones] no tuvo entrada el señor López Abad, figurando exclusivamente en la sesión de su constitución, sin mayor intervención ni involucración de clase alguna”, observa la sala.

La Fiscalía Antiocorrupción solicitaba una pena de cuatro años de prisión y 90.000 euros de multa para López Abad, que dirigió la caja alicantina desde 2001 hasta su nacionalización en 2011. El ex directivo estaba acusado por apropiación indebida y, alternativamente, por delito societario. Para Avilés, el ministerio público reclamaba dos años y medio de prisión por otorgar un contrato simulado en perjuicio de tercero, en este caso la CAM.

En el caso de Avilés, los magistrados consideran que el contrato supuestamente simulado no fue en perjuicio de un tercero, ya que, “la entidad no parece que se viera afectada” por las ventas de participaciones sociales de 23 de diciembre de 2010, fecha en la que se firmó este contrato.