La OCDE pide acelarar la lucha contra la evasión fiscal tras la ‘lista Falciani’

La OCDE pide acelarar la lucha contra la evasión fiscal tras la ‘lista Falciani’

“Con SwissLeaks, el juego ha terminado”. La frase, del director de asuntos tributarios de la OCDE, Pascal Saint-Amans, puede sonar demasiado lapidaria y optimista, pero no le falta parte de razón: los sucesivos escándalos fiscales ligados a grandes fortunas y empresas –desde el de Liechtenstein en 2008 al que ahora ha desatado la publicación de la conocida como lista Falciani-, unidos a la severa crisis económica que atraviesa el planeta han convertido en inapelable la necesidad de mejorar el marco global de lucha contra la evasión de impuestos. Y, por ello, hasta los Gobiernos más reticentes a aceptar las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) están dando su brazo a torcer ante la presión de la opinión pública.

La situación es grave: cada año los estados dejan de recaudar miles de millones de euros por culpa de que los resquicios en los sistemas tributarios permiten a los defraudadores aprovechar las legislaciones más laxas en temas fiscales; y en un momento de estancamiento económico como el actual, cada euro cuenta. El caso de la lista Falciani, también llamado SwissLeaks, que ha revelado la existencia de cuentas por valor de unos 200.000 millones de dólares en una sola sede del banco HSBC en Suiza, a salvo de los ojos del fisco, no hace sino abrir una pequeña ventana al tremendo agujero negro en que se ha convertido la evasión de impuestos. Otro ejemplo es la -fiscalmente- paradisiaca isla de Bermuda, que acumula 2 billones de dólares en beneficios acumulados de empresas estadounidenses. “Y si los gobiernos no recaudan este dinero, lo tienen que sacar de otros lados”, dijo Saint-Amans este martes en una reunión con periodistas.

Por ello, los ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales del G20, reunidos en Estambul, han acordado cumplir con nuevas propuestas de la OCDE que se enmarcan dentro de su plan de acción contra la “erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios" (BEPS, por sus siglas inglesas). El Plan BEPS, presentado en la reunión del G20 en San Petersburgo (Rusia) en 2013, se compone de 15 medidas, siete de las cuales ya fueron aprobadas el pasado año en la reunión de Brisbane (Australia), entre ellas nuevos estándares para el intercambio automático de información tributaria entre países. Las restantes se presentarán el próximo noviembre en la cumbre de líderes del G20 en Antalya (Turquía).

Las firmas que facturen más de 750 millones deberán desglosar datos por países 

Las novedades de la reunión de Estambul son ciertas medidas relativas a la implementación de las propuestas, que de momento marcha según los plazos acordados. En primer lugar da el pistoletazo de salida para las negociaciones sobre un instrumento global que sirva para homologar los más de 3.000 tratados bilaterales existentes actualmente en el campo tributario. El objetivo de este mecanismo –que se prevé que esté listo a finales de 2016- es mejorar los tratados contra la doble imposición, evitando que este tipo de acuerdos se conviertan en vías de escape para evadir impuestos. El ejemplo del mal funcionamiento, según Saint-Amans, lo ofrece India, donde el 27% de la inversión extranjera directa procede de Mauricio, no porque esta pequeña isla del Océano Índico sea el origen del dinero sino porque, así, los inversores se evitan pagar impuestos sobre sus ganancias en India.

Además, se han concretado las medidas destinadas a evitar que las empresas multinacionales se aprovechen de las diferencias en lo relativo a legislación tributaria para escaquearse de sus obligaciones con el fisco. Así, las empresas con una facturación superior a 750 millones de euros deberán detallar, a partir del año que viene, las ventas, ganancias, número de empleados, activos e impuestos que registran en cada país y enviarlos a la Hacienda del estado en que tengan su sede legal. En 2017, las administraciones deberán compartir estos datos con las de otros países en que la multinacional tenga actividades, en base a los tratados existentes. “No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero ahora hay un acuerdo entre todos los países del G20, los países de la OCDE y los países en desarrollo”, reconoce Saint-Amans.

También se está evaluando crear listas de “chicos malos”, es decir, de países que no obedecen las normativas propuestas, entre los que destacan, con diferentes grados de incumplimientos, Panamá, Luxemburgo, Chipre o Suiza. “Se trata de importantes pasos hacia delante que demuestran que se está progresando en el camino hacia un sistema impositivo internacional más justo”, sostuvo el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. Según Saint-Amans, ningún estado sale perdiendo. Excepto la cohorte de miles de abogados y asesores fiscales que han creado una verdadera industria de la ingeniería tributaria. “Así podrán dedicarse a actividades más productivas”, apuntó.