EE UU multa a Standard & Poor’s por manipular las hipotecas

EE UU multa a Standard & Poor’s por manipular las hipotecas

La agencia de calificación Standard & Poor’s pagará una multa de 1.375 millones de dólares (1.210 millones de euros) para saldar cuentas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y una veintena de Estados por haber manipulado la nota de valores financieros respaldados por hipotecas tóxicas o subprime, los títulos que están en el origen de la crisis financiera de 2008, primer acto de la Gran Depresión posterior. Así lo han anunciado este martes el Departamento de Justicia y la filial de McGraw Hill Financial. El importe global, una vez sumadas las sanciones pactadas anteriormente por S&P con la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador federal de los mercados, asciende a 1.452 millones de dólares (1.275 millones de euros).

El pago al Departamento de Justicia asciende a 687,5 millones de dólares (600 millones de euros). Con una cantidad idéntica compensará a los fiscales de 19 estados y del Distrito de Columbia. A este castigo hay que sumar los 77 millones de dólares (67 millones de euros) que S&P aceptó pagar por el mismo motivo ante las acusaciones presentadas por la SEC y los fiscales de Nueva York y Massachusetts. S&P abonará más de 58 millones de dólares a la SEC, mientras que pagará 12 millones de dólares a la fiscalía de Nueva York y otros 7 millones (6 millones de euros) a la de Massachusetts.

El fiscal general Eric Holder explicó en rueda de prensa que este pacto es "otro paso adelante para proteger a los inversores frente al fraude" y "preservar la integridad del sistema financiero". Insistió en el hecho de que al poner sus intereses por delante de los de los inversores, S&P "hizo un daño mayor a la economía", provocando miles de millones en pérdidas. Holder reiteró que esta acción es la muestra de que "este tipo de conducta nunca va a ser tolerada". "Ninguna violación de la ley es lo suficientemente compleja como para no ser perseguida y exigir responsabilidades por ella", dijo.

Los 1.452 millones de dólares (1.275 millones de euros) totales, en cualquier caso, resultan irrisorios no solo en relación con el tamaño de la crisis y su duración, sino también si se comparan con las sanciones a la banca. La fiscalía impuso 16.650 millones de dólares (14.623 millones de euros) el pasado verano a Bank of America por la forma en que Merrill Lynch y Countrywide, entidades que compró en plena crisis, empaquetaron la deuda hipotecaria. Hace un año JP Morgan Chase pactó un desembolso de 13.000 millones (11.425 millones de euros) para poder dar carpetazo a investigaciones similares.

Hasta el momento, los bancos de Wall Street han pagado unos 130.000 millones de dólares como castigo por sus abusos hipotecarios. Tanto en el caso de S&P como de los bancos, los acuerdos alcanzados con los reguladores eximen de toda culpa a sus directivos. La matriz McGraw Hill señaló en una nota que este acuerdo "permitirá disipar la incertidumbre y los inconvenientes" de futuros litigios. En paralelo, S&P anunció un pacto de 125 millones de dólares (109 millones de euros) con el fondo de pensiones californiano CalPERS para resolver una demanda que tenía pendiente por la calificación de tres fondos estructurados.

El pacto se anunció antes de la apertura de Wall Street y en la víspera de que McGraw Hill Financial presente resultados de cierre de ejercicio. S&P es la única de las tres grandes agencias de calificación, además de Moody’s y Fitch, que ha sido demandada por el Gobierno de EE UU. La firma lo achaca a que fue también la única que privó a la deuda soberana del país de la triple A, la máxima nota de solvencia.

"La idea de que esta multa ha sido una represalia por el recorte de la nota crediticia no tiene ningún sentido", insistió Holder, que evitó precisar el estado de otras investigaciones en curso. El acuerdo, que evita una batalla legal larga y de impredecible resultado, es la última actuación del fiscal general antes de dejar su cargo contra los abusos que provocaron la crisis financiera. La fiscalía reclamó hace dos años a S&P una compensación de 5.000 millones por las pérdidas que provocó la conducta fraudulenta de la agencia. El acuerdo final ha quedado lejos de esa cifra.

“Los inversores confían en que las agencias de calificación como S&P actúen con rectitud cuando califiquen valores complejos”, declaró recientemente Andrew J. Ceresney, director de la división de orden público de la SEC. “Sin embargo, Standard & Poor's puso sus propios intereses financieros por encima de los de los inversores al relajar sus criterios para lograr negocios y después ocultó los cambios a los inversores”, explicó Ceresney.

“Estas acciones, las primeras ante una importante firma de calificación, reflejan nuestro compromiso con la vigilancia agresiva de la integridad y la transparencia de estos procesos”, añadió. La SEC informó de que la agencia ha acordado, “sin admitir ni negar las evidencias”, acometer una extensa mejora de sus procedimientos de control interno y precisó que la escasa cuantía de la multa se explica porque cooperó activamente con la investigación.

S&P calificó paquetes de deuda hipotecaria por valor de 2,8 billones de dólares entre 2004 y 2007. A esta cantidad se suman 1,2 billones de seguros por impago, que cubren los activos de alto riesgo. La fiscalía acusó a la agencia de haber engañado a los inversores al decir que la calificación que concedió era objetiva y sin conflictos de interés.

Calificación desorbitada

Sin embargo, entre los documentos entregados como prueba hay mensajes internos que muestran que la firma subestimó a conciencia el riesgo de esos activos. La Administración de Barack Obama siempre defendió que sin esa calificación desorbitada, las instituciones financieras no habrían invertido en esos paquetes de deuda que al final acabaron yéndose a pique.

S&P argumentó que el resto del mercado y los propios reguladores —incluida la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro— hicieron el mismo análisis en términos positivos del mercado hipotecario antes de otoño de 2007, cuando aparecieron los primeros síntomas de fatiga y las voces de alarma. En paralelo, la firma adoptó medidas para cambiar su modelo de trabajo.

Con la sanción pactada a S&P, Estados Unidos da carpetazo a uno de los capítulos más vergonzosos de su historia económica: el fraude cometido por bancos y agencias de calificación que, en una alocada carrera hacia monstruosos beneficios, mantuvieron a sus clientes “en la oscuridad”, según la SEC, sobre los riesgos que entrañaban los productos financieros que empaquetaban.

“Estamos aquí para anunciar un paso histórico en nuestro continuo esfuerzo por proteger al pueblo estadounidense del fraude financiero y hacer rendir cuentas a aquellos cuyas acciones han amenazado la integridad de nuestros mercados financieros y socavado la estabilidad de nuestra economía”, proclamó Holder en una solemne declaración en agosto de 2014, tras anunciar la sanción a Bank of America, el segundo banco del país.

La de 16.650 millones fue la mayor multa impuesta por las autoridades estadounidenses a una entidad financiera. En total, Bank of America ha pagado unos 70.000 millones de dólares como factura legal para cerrar las demandas de los inversores, los Estados y las agencias federales. El anterior récord, también por irregularidades con las hipotecas basura, lo estableció JP Morgan Chase, con 13.000 millones de dólares en 2013. También en el verano de 2014, el Departamento de Justicia cerró otro acuerdo con Citigroup por 7.000 millones por los mismos motivos.