España no tendrá voto en la reunión clave del BCE para la zona euro

El día marcado en rojo en la agenda de los mercados de todo el mundo, la reunión en la que en Banco Central Europeo (BCE) tomará una medida sin precedentes para tratar de sacar a la zona euro de su letargo económico, España no tendrá voto. El nuevo sistema rotatorio de votación del BCE deja sin ese derecho al gobernador Luis María Linde en la reunión del 22 de enero, cuando está previsto que el organismo con sede en Fráncfort apruebe la compra masiva y directa de deuda pública. Sí podrán dar o no su visto bueno las otras mayores economías de unión monetaria: Alemania, Francia, Holanda e Italia.

Con la entrada de Lituania en el euro, el BCE introdujo un mecanismo de rotación en las votaciones de los responsables de los bancos centrales de cada país miembro, que quedaban repartido en dos grupos del consejo de gobierno. Del primero de ellos forman parte las cinco primeras potencias de la eurozona —en el que figura España, junto con los otros citados países— y que tendrá derecho a cuatro votos, con lo que en cada reunión uno de los miembros quedará fuera. En enero, junio y noviembre es Linde quien no vota. En otros meses les toca al resto.

Lo mismo ocurre con el segundo grupo, formado por los otros 14 de gobernadores de la zona euro, que disponen de 11 votos que van ejerciendo por rotación.

Solo hay dos mujeres entre los 25 miembros del consejo de gobierno

En el caso del grupo en el que está España, la diferencia es que Alemania, Francia e Italia, aunque por rotación se queden sin voto en una de cada cinco reuniones, tienen una voz de sus países en el consejo ejecutivo, formado por seis miembros que siempre votan. El presidente, Mario Draghi, es italiano; el consejero Peter Praet y la consejera Sabine Lautenschläger son alemanes, y Benoît Coeuré es francés. Los otros miembros del consejo son Yves Mersch, luxemburgués, y el vicepresidente, el portugués Vítor Constâncio.

Una suerte de pacto tácito por el cual las cuatro grandes economías del BCE tenían a un representante en el consejo de gobierno se rompió cuando acabó el mandato del español José Manuel González-Páramo en 2012. Nunca hubo esos acuerdos con la diversidad de género: solo hay dos mujeres entre los 25 miembros del consejo de gobierno.

Cuando el ahora consejero del BBVA, González-Páramo dejó Fráncfort, el Gobierno español había propuesto como candidato a Antonio Sainz de Vicuña, que era responsable de los servicios jurídicos del eurobanco y no a un especialista en política monetaria. Los ministros de Economía de la UE prefirieron al entonces gobernador del Banco de Luxemburgo, Yves Mersch. La cuarta economía de la zona euro se quedó de este modo sin un representante en el directorio del BCE por primera vez desde la fundación de este organismo, en 1999.

“En general ha habido una pérdida de influencia de España, aunque este jueves no va a ser crucial porque la propuesta que se va a votar es de consenso, muy negociada previamente entre Draghi y Alemania”, apunta Xavier Vives, profesor de economía y finanzas de IESE. En una línea similar se expresa Santiago Carbó, profesor de la Bangor Business School, quien da por “atado” lo que se va a votar el jueves y recuerda que “nuestra pérdida de peso fue en 2012 y hasta que recuperemos ese sillón nuestra presencia será testimonial”, apunta.

España ha sido uno de los países más condicionados por la política del BCE desde la crisis de deuda soberana, cuando los intereses de los bonos se dispararon y el país rozó el rescate. Las palabras de Mario Draghi en verano de 2012, cuando aseguró que haría todo lo necesario por salvar el euro, comenzó a calmar las aguas. El programa que, según las previsiones, tiene que aprobar este jueves es un salto cualitativo, ya que supone la compra directa de bonos públicos en gran cuantía, algo que ha llevado a cabo la Reserva Federal de EE UU. El BCE comprará activos por valor de unos 35.000 millones mensuales en un plazo de 18 a 24 meses, según adelantó ayer este periódico.