El abogado de la UE avala las compras de deuda pública del BCE

El abogado de la UE avala las compras de deuda pública del BCE

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que el programa de compra de bonos que el Banco Central Europeo (BCE) anunció en 2012 ante la zozobra de los mercados financieros se ajusta, "en principio", a la legalidad comunitaria. Aunque el veredicto del letrado Pedro Cruz Villalón no es vinculante, el fallo del máximo órgano de justicia europeo —que se conocerá en los próximos meses— suele coincidir en un porcentaje muy elevado de casos con la opinión del abogado general, una figura similar a la de un fiscal.

En el texto de conclusiones el letrado de la UE afirma que tanto el diseño como la ejecución de la política monetaria son "competencia exclusiva" del Eurobanco, que debe gozar de un "amplio margen de apreciación", y recuerda que el programa de compra de deuda en el mercado secundario (OMT, por sus siglas en inglés) es una medida "inacabada". El plan, añade Cruz Villalón, fue anunciado en septiembre de 2012 —en plena tormenta sobre los bonos de los países del sur de la Unión— con una breve explicación de sus características técnicas básicas, sin que haya entrado aún en vigor.

Pese a que su consideración general es favorable a la actuación del Eurobanco, el abogado impone condiciones a la luz verde legal al programa OMT: de aplicarse, la compra de deuda pública debería llevarse a efecto en unas circunstancias temporales que permitan la formación de un precio de mercado de los títulos; el BCE tendría que motivar las razones por las que activa dicho mecanismo y debería aplicarlo bajo los principios de proporcionalidad y de cautela. El abogado general destaca, asimismo, un punto relevante para algunos de los países más golpeados por la crisis de deuda: de activarse el mecanismo de compra en algún Estado bajo programa (Grecia y Chipre), el Eurobanco estaría obligado a abandonar la troika (en la que comparte asiento con la Comisión y el Fondo Monetario Internacional). El letrado de la UE también reconoce las limitaciones de los tribunales en un caso tan técnico como este: al carecer de la "especialización de la experiencia con que cuenta el BCE en esta materia", sostiene, deben controlar su actividad con un "considerable grado de contención".

El caso se remonta a finales de 2012, cuando las dudas de los sectores más conservadores de la sociedad alemana —eternamente preocupados por el cumplimiento de la ortodoxia monetaria— sobre el encaje legal del programa acabaron en el Constitucional germano. En una decisión sin precedentes los jueces de Karlsruhe elevaron una consulta prejudicial al TJUE, no sin antes haber cuestionado la legalidad del plan. En la pregunta remitida entonces, los jueces de Karlsruhe pedían opinión sobre si el instrumento escogido por el BCE —que consiguió calmar la crisis de deuda a la que estaban sometidos los países periféricos— no constituía más bien una medida de política económica y no de política monetaria y, por tanto, quedaba fuera de las atribuciones de Fráncfort. Durante todo el proceso el BCE ha mantenido que, pese a tratarse de una herramienta no convencional y no exenta de riesgos, el programa OMT está dentro de su mandato.

Tras la decisión del abogado general, contraria a las tesis preliminares de los magistrados Constitucional alemán, Bruselas respira aliviada. Aunque en público la Comisión Europea ha preferido guardar silencio sobre la cuestión, en la capital comunitaria se temía que una opinión negativa del abogado general tuviese implicaciones más allá del OMT y se convirtiese en un lastre para una potencial flexibilización cuantitativa (QE), un instrumento que el banco emisor ahora parece dispuesto a adoptar —la semana próxima o ya en marzo— con años de retraso respecto a sus pares japonés y estadounidense. “Una decisión negativa sería un enorme problema para activar cualquier compra de bonos”, concluía una alta fuente comunitaria consultada por este diario antes de que se publicase el veredicto del letrado de la UE.